Segunda actividad

Buenas tardes a todas y todos:

Luego de haber concluido en clase que es necesario un control por parte del Estado de los avances de la biotecnología, ¿cómo consideran que debe plasmarse éste?.

Lindo domingo!!!

Clara Mosquera

Pd.- No se olviden de efectuar sus comentarios hasta antes del vencimiento del plazo.

Bienvenidos al Curso de Derecho Genético 2014

Buenos dias a todos y todas:

Es grato empezar un nuevo año académico por decimosexta vez con un nuevo grupo de estudiantes. Confío en que podamos aprovechar al máximo las clases y al final del año logren tener una visión integral no sólo de Derecho Genético sino también que obtengan conocimientos de Bioética.

Luego de haber comenzado el curso leyendo a Francis Fukuyama les hago la siguiente pregunta:

¿Es todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable?

Espero sus comentarios hasta antes de las 00:00 horas del jueves.

Lindo domingo!!!

Clara Mosquera Vásquez

Control difuso en proceso de filiación

Caso de filiación presentado en el MBJ de Condevilla y que llegó a la Corte Suprema vía consulta por aplicación de control difuso.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DEL GENOMA HUMANO Y LOS DERECHOS HUMANOS

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos 11 de noviembre de 1997

La Conferencia General, Recordando, que en el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO se invocan “los principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los hombres” y se impugna “el dogma de la desigualdad de los hombres y de las razas”, se indica “que la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua”, se proclama que “esa paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y se declara que la Organización se propone alcanzar “mediante la cooperación de las naciones del mundo en las esferas de la educación, de la ciencia y de la cultura, los objetivos de paz internacional y de bienestar general de la humanidad, para el logro de los cuales se han establecido las Naciones Unidas, como proclama su Carta”,  Recordando solemnemente, su adhesión a los principios universales de los derechos humanos afirmados, en particular, en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 y los dos Pactos Internacionales de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio del 9 de diciembre de 1948, la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial del 21 de diciembre de 1965, la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos del Retrasado Mental del 20 de diciembre de 1971, la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Impedidos del 9 de diciembre de 1975, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer del 18 de diciembre de 1979, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder del 29 de noviembre de 1985, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad del 20 de diciembre de 1993, la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción del 16 de diciembre de 1971, la Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza del 14 de diciembre de 1960, la Declaración de Principios de la Cooperación Cultural Internacional de la UNESCO del 4 de noviembre de 1966, la Recomendación de la UNESCO relativa a la situación de los investigadores científicos del 20 de noviembre de 1974, la Declaración de la UNESCO sobre la Raza y los Prejuicios Raciales del 27 de noviembre de 1978, el Convenio de la OIT (Nº 111) relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación del 25 de junio de 1958 y el Convenio de la OIT (Nº 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes del 27 de junio de 1989, Teniendo presentes, , y sin perjuicio de lo que dispongan, los instrumentos internacionales que pueden concernir a las aplicaciones de la genética en la esfera de la propiedad intelectual, en particular la Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886 y la Convención Universal de la UNESCO sobre Derecho de Autor del 6 de septiembre de 1952, revisadas por última vez en París el 24 de julio de 1971, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967, el Tratado de Budapest de la OMPI sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes del 28 de abril de 1977, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) anexado al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio que entró en vigor el 1º de enero de 1995, Teniendo presente también el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica del 5 de junio de 1992 y destacando a este respecto que el reconocimiento de la diversidad genética de la humanidad no debe dar lugar a ninguna interpretación de tipo social o político que cuestione “la dignidad intrínseca y (...) los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”, de conformidad con el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Recordando, sus Resoluciones 22 C/13.1, 23 C/13.1, 24 C/13.1, 25 C/5.2, 25 C/7.3. 27 C/5.15, 28 C/0.12, 28 C/2.1 y 28 C/2.2 en las cuales se instaba a la UNESCO a promover y desarrollar la reflexión ética y las actividades conexas en lo referente a las consecuencias de los progresos científicos y técnicos en el campo de la biología y la genética, respetando los derechos y las libertades fundamentales del ser humano, Reconociendo, que las investigaciones sobre el genoma humano y sus aplicaciones abren inmensas perspectivas de mejoramiento de la salud de los individuos y de toda la humanidad, pero destacando que deben al mismo tiempo respetar plenamente la dignidad, la libertad y los derechos de la persona humana, así como la prohibición de toda forma de discriminación fundada en las características genéticas, Proclama los principios siguientes y aprueba la presente Declaración: A. La dignidad humana y el genoma humano Artículo 1 El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad. Artículo 2 (a) Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus características genéticas. (b) Esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características genéticas y que se respete el carácter único de cada uno y su diversidad. Artículo 3 El genoma humano, por naturaleza evolutivo, está sometido a mutaciones. Entraña posibilidades que se expresan de distintos modos en función del entorno natural y social de cada persona, que comprende su estado de salud individual, sus condiciones de vida, su alimentación y su educación. Artículo 4 El genoma humano en su estado natural no puede dar lugar a beneficios pecuniarios. B. Derechos de las personas interesadas Artículo 5 (a) Una investigación, un tratamiento o un diagnóstico en relación con el genoma de un individuo, sólo podrá efectuarse previa evaluación rigurosa de los riesgos y las ventajas que entrañe y de conformidad con cualquier otra exigencia de la legislación nacional. (b) En todos los casos, se recabará el consentimiento previo, libre e informado de la persona interesada. Si ésta no está en condiciones de manifestarlo, el consentimiento o autorización habrán de obtenerse de conformidad con lo que estipule la ley, teniendo en cuenta el interés superior del interesado. (b) Se debe respetar el derecho de toda persona a decidir que se le informe o no de los resultados de un examen genético y de sus consecuencias. (d) En el caso de la investigación, los protocolos de investigaciones deberán someterse, además, a una evaluación previa, de conformidad con las normas o directrices nacionales e internacionales aplicables en la materia. (e) Si en conformidad con la ley una persona no estuviese en condiciones de expresar su consentimiento, sólo se podrá efectuar una investigación sobre su genoma a condición de que represente un beneficio directo para su salud, y a reserva de las autorizaciones y medidas de protección estipuladas por la ley. Una investigación que no represente un beneficio directo previsible para la salud sólo podrá efectuarse a título excepcional, con la mayor prudencia y procurando no exponer al interesado sino a un riesgo y una coerción mínimos, y si la investigación está encaminada a redundar en beneficio de la salud de otras personas pertenecientes al mismo grupo de edad o que se encuentren en las mismas condiciones genéticas, a reserva de que dicha investigación se efectúe en las condiciones previstas por la ley y sea compatible con la protección de los derechos humanos individuales. Artículo 6 Nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, cuyo objeto o efecto sería atentar contra sus derechos humanos y libertades fundamentales y el reconocimiento de su dignidad. Artículo 7 Se deberá proteger en las condiciones estipuladas por la ley la confidencialidad de los datos genéticos asociados con una persona identificable, conservados o tratados con fines de investigación o cualquier otra finalidad. Artículo 8 Toda persona tendrá derecho, de conformidad con el derecho internacional y el derecho nacional, a una reparación equitativa de un daño del que pueda haber sido víctima, cuya causa directa y determinante pueda haber sido una intervención en su genoma. Artículo 9 Para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, sólo la legislación podrá limitar los principios de consentimiento y confidencialidad, de haber razones imperiosas para ello, y a reserva del estricto respeto del derecho internacional público y del derecho internacional relativo a los derechos humanos. C. Investigaciones sobre el genoma humano Artículo 10 Ninguna investigación relativa al genoma humano ni ninguna de sus aplicaciones, en particular en las esferas de la biología, la genética y la medicina, podrá prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de la dignidad humana de los individuos o, si procede, de grupos de individuos. Artículo 11 No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, como la clonación con fines de reproducción de seres humanos. Se invita a los Estados y a las organizaciones internacionales competentes a que cooperen para identificar estas prácticas y a que adopten en el plano nacional o internacional las medidas que corresponda, para asegurarse de que se respetan los principios enunciados en la presente Declaración. Artículo 12 (a) Toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética y la medicina en materia de genoma humano, respetándose su dignidad y derechos. (b) La libertad de investigación, que es necesaria para el progreso del saber, procede de la libertad de pensamiento. Las aplicaciones de la investigación sobre el genoma humano, sobre todo en el campo de la biología, la genética y la medicina, deben orientarse a aliviar el sufrimiento y mejorar la salud del individuo y de toda la humanidad. D. Condiciones de ejercicio de la actividad científica Artículo 13 Las consecuencias éticas y sociales de las investigaciones sobre el genoma humano imponen a los investigadores responsabilidades especiales de rigor, prudencia, probidad intelectual e integridad, tanto en la realización de sus investigaciones como en la presentación y utilización de los resultados de éstas. Los responsables de la formulación de políticas científicas públicas y privadas tienen también responsabilidades especiales al respecto. Artículo 14 Los Estados tomarán las medidas apropiadas para favorecer las condiciones intelectuales y materiales propicias para el libre ejercicio de las actividades de investigación sobre el genoma humano y para tener en cuenta las consecuencias éticas, legales, sociales y económicas de dicha investigación, basándose en los principios establecidos en la presente Declaración. Artículo 15 Los Estados tomarán las medidas apropiadas para fijar el marco del libre ejercicio de las actividades de investigación sobre el genoma humano respetando los principios establecidos en la presente Declaración, a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana y proteger la salud pública. Velarán por que los resultados de esas investigaciones no puedan utilizarse con fines no pacíficos. Artículo 16 Los Estados reconocerán el interés de promover, en los distintos niveles apropiados, la creación de comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas, encargados de apreciar las cuestiones éticas, jurídicas y sociales planteadas por las investigaciones sobre el genoma humano y sus aplicaciones. E. Solidaridad y cooperación internacional Artículo 17 Los Estados deberán respetar y promover la práctica de la solidaridad para con los individuos, familias o poblaciones particularmente expuestos a las enfermedades o discapacidades de índole genética o afectados por éstas. Deberían fomentar, entre otras cosas, las investigaciones encaminadas a identificar, prevenir y tratar las enfermedades genéticas o aquellas en las que interviene la genética, sobre todo las enfermedades raras y las enfermedades endémicas que afectan a una parte considerable de la población mundial. Artículo 18 Los Estados deberán hacer todo lo posible, teniendo debidamente en cuenta los principios establecidos en la presente Declaración, para seguir fomentando la difusión internacional de los conocimientos científicos sobre el genoma humano, la diversidad humana y la investigación genética, y a este respecto favorecerán la cooperación científica y cultural, en particular entre países industrializados y países en desarrollo. Artículo 19 (a) En el marco de la cooperación internacional con los países en desarrollo, los Estados deberán esforzarse por fomentar medidas destinadas a: (i) evaluar los riesgos y ventajas de la investigación sobre el genoma humano y prevenir los abusos; (ii) desarrollar y fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para realizar investigaciones sobre biología y genética humanas, tomando en consideración sus problemas específicos; (iii) permitir a los países en desarrollo sacar provecho de los resultados de las investigaciones científicas y tecnológicas a fin de que su utilización en pro del progreso económico y social pueda redundar en beneficio de todos; (iv) fomentar el libre intercambio de conocimientos e información científicos en los campos de la biología, la genética y la medicina. (b) Las organizaciones internacionales competentes deben apoyar y promover las iniciativas que tomen los Estados con los fines enumerados más arriba. F. Fomento de los principios de la Declaración Artículo 20 Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar los principios establecidos en la Declaración, a través de la educación y otros medios pertinentes, y en particular, entre otras cosas, la investigación y formación en campos interdisciplinarios y el fomento de la educación en materia de bioética, en todos los niveles, particularmente para los responsables de las políticas científicas. Artículo 21 Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar otras formas de investigación, formación y difusión de la información que permitan a la sociedad y a cada uno de sus miembros cobrar mayor conciencia de sus responsabilidades ante las cuestiones fundamentales relacionadas con la defensa de la dignidad humana que puedan plantear la investigación en biología, genética y medicina y las correspondientes aplicaciones. Se deberían comprometer, además, a favorecer al respecto un debate abierto en el plano internacional que garantice la libre expresión de las distintas corrientes de pensamiento socioculturales, religiosas y filosóficas. G. Aplicación de la Declaración Artículo 22 Los Estados intentarán garantizar el respeto de los principios enunciados en la presente Declaración y facilitar su aplicación por cuantas medidas resulten apropiadas. Artículo 23 Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar mediante la educación, la formación y la información, el respeto de los principios antes enunciados y favorecer su reconocimiento y su aplicación efectiva. Los Estados deberán fomentar también los intercambios y las redes entre comités de ética independientes, según se establezcan, para favorecer su plena colaboración. Artículo 24 El Comité Internacional de Bioética de la UNESCO contribuirá a difundir los principios enunciados en la presente Declaración y a profundizar el examen de las cuestiones planteadas por su aplicación y por la evolución de las tecnologías en cuestión. Deberá organizar consultas apropiadas con las partes interesadas, como por ejemplo los grupos vulnerables. Presentará, de conformidad con los procedimientos reglamentarios de la UNESCO, recomendaciones a la Conferencia General y prestará asesoramiento en lo referente al seguimiento de la presente Declaración, en particular por lo que se refiere a la identificación de prácticas que pueden ir en contra de la dignidad humana, como las intervenciones en la línea germinal. Artículo 25 Ninguna disposición de la presente Declaración podrá interpretarse como si confiriera a un Estado, un grupo o un individuo, un derecho cualquiera a ejercer una actividad o a realizar un acto que vaya en contra de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en particular los principios establecidos en la presente Declaración. Fuente: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Padres, pero no genéticos

Farmacéuticas extranjeras hacen experimentos con más de 23 mil peruanos

Nueve farmacéuticas extranjeras reclutan voluntarios para probar la seguridad y eficacia de sus nuevos productos antes de presentarlos al mercado. Según los registros de autorizaciones del Instituto Nacional de Salud (INS), 23.207 personas están enroladas actualmente en 300 experimentos que realizan laboratorios internacionales en 137 hospitales, clínicas, consultorios y hasta organizaciones no gubernamentales del Perú. Se trata de una actividad que continúa creciendo en nuestro país.

Este millonario y poco transparente negocio rebasa la capacidad del Estado. Comenzó el 2007 luego de que el entonces ministro de Salud, Carlos Vallejos, flexibilizara los trámites y condiciones para la experimentación médica con personas a través de 35 modificaciones al Reglamento Nacional de Ensayos Clínicos, que había sido aprobado en julio del 2006.

Justamente, Vallejos fue propulsor del cambio que dio lugar a un ‘boom’ de permisos y hoy figura entre los 15 médicos que concentran de 10 a más contratos con laboratorios y entidades privadas para ejecutar experimentos médicos con personas en el país, de acuerdo con los reportes del INS a los que accedió El Comercio, a través de una solicitud de información pública.
La información financiera y los pagos por esta actividad se considera confidencial. Pero profesionales que laboran en el campo –y que prefirieron mantener su nombre en reserva- revelaron que por cada persona enrolada para las prácticas, los médicos reciben de 500 a 13 mil dólares, y que los montos aumentan dependiendo de los riesgos del producto en investigación y la complejidad de los procedimientos.
VIOLACIONES A LAS BUENAS PRÁCTICAS
Desde que existe un reglamento para la experimentación con personas en el país, el INS investigó 19 casos por violaciones a las buenas prácticas clínicas que ocasionaron daños serios y muertes de participantes en experimentos. Sin embargo, la norma no contempla una escala de sanciones a los financistas y médicos que violan las buenas prácticas clínicas durante investigaciones y ocasionan daños serios o la muerte de personas.
Un caso es el del cardiólogo Álex Gallegos Cazorla. El INS determinará si ratifica o levanta la sanción en su contra por reclutar a un paciente para el experimento de una farmacéutica, en el hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, y abandonarlo cuando su salud sufrió daños irreversibles que lo condujeron a la muerte en el 2011.
Ramón Ríos Astudillo (56) ingresó el 9 de setiembre del 2009 a un estudio para probar la eficacia del anticoagulante Apixiban, del laboratorio Brystol Myers Squibb Perú S.A.C., dirigido a personas con el diagnóstico de síndrome coronario agudo (arterias obstruidas por la coagulación de la sangre). “El doctor Gallegos le dijo a mi esposo que sería una buena alternativa para su enfermedad, pero Ramón sufrió demasiadas complicaciones. Le tuvieron que amputar la pierna izquierda en el 2010 y el médico se desentendió del todo”, narró a El Comercio, Victoria Izarnótegui viuda de Ríos, quien desde hace dos años reclama justicia.

Caso Práctico: Kari y Grethe

RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

MEDIDAS PROVISIONALES RESPECTO DE EL SALVADOR EN EL CASO DE LA SEÑORA "B"

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/B_se_01.pdf

El Salvador: embarazada con riesgo de muerte fue sometida a césarea y bebe murió

La bebe de “Betriz”, conocida por polémico caso sobre aborto, no pudo sobrevivir porque carecía de cerebro

San Salvador (Reuters) . Una joven que corría riesgo de morir por un embarazo y a quien durante semanas se le prohibió abortar en El Salvador, fue sometida ayer a una cesárea a la que su bebe no pudo sobrevivir porque carecía de cerebro, informó la ministra de Salud.

La cesárea fue la salida para que evitar que la joven Beatriz -nombre utilizado para proteger su identidad- incumpliera las rígidas leyes antiaborto del país centroamericano en un polémico caso en el que intervino la semana pasada la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

POLÉMICA INTERNACIONAL
La Corte, con sede en Costa Rica, instó la semana pasada al gobierno salvadoreño a proteger la vida de la muchacha de 22 años, quien padece de lupus e insuficiencia renal.

La intervención de la Corte ocurrió un día después de la Corte Suprema de Justicia del país falló en contra de un recurso de amparo interpuesto por Beatriz, que tenía un embarazo de 27 semanas.

“Lamentablemente falleció (la bebe), y fallece durante la noche, de manera que la sobrevivencia de esta niña fue exactamente de cinco horas”, dijo la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, al canal de televisión VTV.
La bebe, tal como habían diagnosticado los médicos, carecía de cerebro y tenía algunas partes de cerebelo, explicó la funcionaria.
BEATRIZ MUESTRA EVOLUCIÓN FAVORABLE
Rodríguez dijo que Beatriz se encuentra bien atendida y que espera una evolución favorable de su salud en las próximas horas.
“Estamos más tranquilas porque por fin le interrumpieron el embarazo, que ya se sabía qué resultado iba a tener y a ella le afectaba su salud y su vida”, dijo Morena Herrera, del Colectivo Feminista, una agrupación que apoya a Beatriz.
“Por otro lado estamos tristes por el daño que se le ha hecho a ella, porque esta intervención pudo ser mucho más sencilla, con menos riesgo y con menos complicaciones de recuperación para ella, pero la han llevado hasta este extremo”, agregó.
GRUPOS CONSERVADORES, SATISFECHOS
Por su parte, grupos conservadores se mostraron satisfechos porque aseguran que se respetó la vida del feto.
“Como lo dijimos desde un principio, no era necesario un aborto, sino que se respetara la vida del bebe y se le diera el cuidado y el derecho a la salud que tenía Beatriz”, dijo Claudia Handal, portavoz de Red Familia.

Una mujer corre riesgo de muerte por la prohibición del aborto en El Salvador

 

Beatriz tiene 22 años y está encinta de 20 semanas. Si sigue adelante con el embarazo puede morir. El lupus eritematoso discoide y la insuficiencia renal grave que padece ponen en serio riesgo su vida, según han diagnosticado los médicos que la atienden. Además, el hijo que espera tiene anencefalia —carece de parte del cerebro— y su supervivencia tras el parto es prácticamente nula. Pero Beatriz vive en El Salvador, un país donde el aborto está totalmente prohibido en cualquier circunstancia. Las mujeres que se lo practiquen se enfrentan a penas de hasta 50 años de cárcel, y los médicos que lo realicen hasta 12. Una amenaza tangible que la Fiscalía del Estado ha lanzado ya contra esta joven y cualquiera que la atienda. Beatriz, que ha solicitado amparo ante la Corte Constitucional de su país y la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH), aguarda ahora a que el Gobierno de El Salvador permita una excepción para que pueda abortar.

 

Su historia ha desatado la polémica en el país centroamericano, que en la década de los noventa eliminó la opción del aborto terapéutico que entonces recogía su legislación. A voces como la de la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, que ha pedido a la justicia que se otorgue un permiso especial para que se le pueda practicar el aborto a la chica sin que ella o los médicos sean castigados, se contraponen las duras palabras de la Conferencia Episcopal de El Salvador, que ha manifestado que interrumpir un embarazo no está justificado en ningún caso. Los obispos, además, han acusado a las organizaciones de mujeres y de derechos civiles de “usar” la enfermedad de Beatriz para “manipular” al Gobierno y empujarle a despenalizar el aborto en ciertos supuestos.

 

El caso ha llegado hasta Naciones Unidas. Un grupo de expertos de ese organismo criticó la inacción de las autoridades salvadoreñas y apeló el viernes pasado al Gobierno de Mauricio Funes (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) para que permita la intervención que salvaría la vida de la chica. “Esta situación de incertidumbre ha extendido el sufrimiento de Beatriz, quien tiene pleno conocimiento del estado de salud del feto y el riesgo de muerte que ella misma enfrenta, sometiéndole a vivir una situación cruel, inhumana y degradante”, subrayan. No es el único organismo internacional que la apoya. El lunes, la CIDH concedió a la joven el amparo que había solicitado y exigió a El Salvador que cumpla con el tratamiento recomendado por el comité médico que la atiende: la interrupción del embarazo. Les instó, además, a hacerlo sin dilación.

 

El Gobierno del país centroamericano, que debe acatar la orden de esta corte internacional, aún no ha movido ficha. Mientras, Beatriz permanece ingresada en un hospital de la capital, explican los abogados de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico que la representan. La chica, que procede de una familia con pocos recursos de la zona rural de Jiquilisco (al sur) tiene ya un hijo de dos años. Ese primer embarazo también fue de riesgo, aunque menor, y la mantuvo en cuidados intensivos durante 38 días, explica Morena Herrera, portavoz de esa agrupación. "Llevamos 21 días esperando la resolución del Gobierno. La situación de Beatriz es dramática", apunta por teléfono.

La situación de Beatriz es, para los expertos de la ONU, un ejemplo de que El Salvador debería considerar la introducción de excepciones a la prohibición total del aborto. “El derecho internacional en su estado actual no prohíbe el aborto ni lo impone tampoco; cada Estado puede elegir qué tratamiento darle en su legislación interna”, explica Juan Méndez, relator especial de la ONU para la tortura. “Pero el derecho internacional sí prohíbe en forma absoluta el trato cruel, inhumano y degradante, por ello los Estados están obligados a arbitrar medios jurídicos eficaces para evitar someter a las mujeres a situaciones que impliquen trato cruel, inhumano o degradante”, indica.

Beatriz se enfrenta a la muerte o a la cárcel. En El Salvador, 19 mujeres cumplen penas de prisión por abortar, explica la abogada de la organización Women's Link Worldwide Mónica Roa, que ha seguido de cerca el proceso. “Su Código Penal castiga con hasta 14 años de cárcel el delito de aborto, en el caso de las mujeres, pero a la mayoría se las procesa por homicidio agravado, penado con hasta 50 años”, dice.

En El Salvador fallecieron, según los datos que manejan las organizaciones de mujeres y de derechos
civiles al menos 13 mujeres como consecuencia de problemas en el embarazo que se hubieran evitado si se les hubiera permitido abortar. Y no es el único país de América donde se producen situaciones similares. En 2010, una mujer de 27 años enferma de cáncer perdió la vida en Nicaragua porque le negaron la interrupción del embarazo. En 2012, una chica de 16 años con leucemia murió en República Dominica porque las autoridades desautorizaron el tratamiento farmacológico porque ponía en riesgo la vida del hijo que esperaba; que tampoco salio adelante.

A estas historias dramáticas se añade un hecho constatado por la Organización Mundial de la Salud: que las leyes más duras no atajan la tasa de abortos, al revés; y en cambio sí incrementan el número de intervenciones inseguras, incide Marta María Blando, de la organización internacional IPAS, que lucha por evitar las muertes y discapacidades atribuibles a esas prácticas. Blando apunta que la clandestinidad y la falta de transparencia de los Gobiernos hacen difícil tener cifras concretas de este fenómeno, aunque la OMS estima que cada año mueren 40.000 mujeres en todo el mundo debido a abortos inseguros.

“En abstracto es difícil defender un derecho que nadie quiere tener que usar. Ninguna mujer quiere abortar, pero hay una realidad que no podemos negar. Debe garantizarse a las mujeres un mínimo de cobertura para que ninguna muera porque no le hacen un aborto. Y desde esa base los Estados tendrían espacio para decidir qué tipo de legislación quieren”, reclama la abogada Roa. Algunos, como Colombia o Uruguay, ya han dado ese pequeño paso.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/01/actualidad/1367438239_003215.html