lunes, 24 de junio de 2013

Farmacéuticas extranjeras hacen experimentos con más de 23 mil peruanos


Farmacéuticas extranjeras hacen experimentos con más de 23 mil peruanos


Nueve farmacéuticas extranjeras reclutan voluntarios para probar la seguridad y eficacia de sus nuevos productos antes de presentarlos al mercado. Según los registros de autorizaciones del Instituto Nacional de Salud (INS), 23.207 personas están enroladas actualmente en 300 experimentos que realizan laboratorios internacionales en 137 hospitales, clínicas, consultorios y hasta organizaciones no gubernamentales del Perú. Se trata de una actividad que continúa creciendo en nuestro país.
Este millonario y poco transparente negocio rebasa la capacidad del Estado. Comenzó el 2007 luego de que el entonces ministro de Salud, Carlos Vallejos, flexibilizara los trámites y condiciones para la experimentación médica con personas a través de 35 modificaciones al Reglamento Nacional de Ensayos Clínicos, que había sido aprobado en julio del 2006.
Justamente, Vallejos fue propulsor del cambio que dio lugar a un ‘boom’ de permisos y hoy figura entre los 15 médicos que concentran de 10 a más contratos con laboratorios y entidades privadas para ejecutar experimentos médicos con personas en el país, de acuerdo con los reportes del INS a los que accedió El Comercio, a través de una solicitud de información pública.
La información financiera y los pagos por esta actividad se considera confidencial. Pero profesionales que laboran en el campo –y que prefirieron mantener su nombre en reserva- revelaron que por cada persona enrolada para las prácticas, los médicos reciben de 500 a 13 mil dólares, y que los montos aumentan dependiendo de los riesgos del producto en investigación y la complejidad de los procedimientos.
VIOLACIONES A LAS BUENAS PRÁCTICAS
Desde que existe un reglamento para la experimentación con personas en el país, el INS investigó 19 casos por violaciones a las buenas prácticas clínicas que ocasionaron daños serios y muertes de participantes en experimentos. Sin embargo, la norma no contempla una escala de sanciones a los financistas y médicos que violan las buenas prácticas clínicas durante investigaciones y ocasionan daños serios o la muerte de personas.
Un caso es el del cardiólogo Álex Gallegos Cazorla. El INS determinará si ratifica o levanta la sanción en su contra por reclutar a un paciente para el experimento de una farmacéutica, en el hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, y abandonarlo cuando su salud sufrió daños irreversibles que lo condujeron a la muerte en el 2011.
Ramón Ríos Astudillo (56) ingresó el 9 de setiembre del 2009 a un estudio para probar la eficacia del anticoagulante Apixiban, del laboratorio Brystol Myers Squibb Perú S.A.C., dirigido a personas con el diagnóstico de síndrome coronario agudo (arterias obstruidas por la coagulación de la sangre). “El doctor Gallegos le dijo a mi esposo que sería una buena alternativa para su enfermedad, pero Ramón sufrió demasiadas complicaciones. Le tuvieron que amputar la pierna izquierda en el 2010 y el médico se desentendió del todo”, narró a El Comercio, Victoria Izarnótegui viuda de Ríos, quien desde hace dos años reclama justicia.

martes, 4 de junio de 2013

RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

MEDIDAS PROVISIONALES RESPECTO DE EL SALVADOR EN EL CASO DE LA SEÑORA "B"

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/B_se_01.pdf

El Salvador: embarazada con riesgo de muerte fue sometida a césarea y bebe murió

La bebe de “Betriz”, conocida por polémico caso sobre aborto, no pudo sobrevivir porque carecía de cerebro

El Salvador: embarazada con riesgo de muerte fue sometida a césarea y bebe murió

San Salvador (Reuters) . Una joven que corría riesgo de morir por un embarazo y a quien durante semanas se le prohibió abortar en El Salvador, fue sometida ayer a una cesárea a la que su bebe no pudo sobrevivir porque carecía de cerebro, informó la ministra de Salud.
La cesárea fue la salida para que evitar que la joven Beatriz -nombre utilizado para proteger su identidad- incumpliera las rígidas leyes antiaborto del país centroamericano en un polémico caso en el que intervino la semana pasada la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
POLÉMICA INTERNACIONAL
La Corte, con sede en Costa Rica, instó la semana pasada al gobierno salvadoreño a proteger la vida de la muchacha de 22 años, quien padece de lupus e insuficiencia renal.
La intervención de la Corte ocurrió un día después de la Corte Suprema de Justicia del país falló en contra de un recurso de amparo interpuesto por Beatriz, que tenía un embarazo de 27 semanas.
“Lamentablemente falleció (la bebe), y fallece durante la noche, de manera que la sobrevivencia de esta niña fue exactamente de cinco horas”, dijo la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, al canal de televisión VTV.
La bebe, tal como habían diagnosticado los médicos, carecía de cerebro y tenía algunas partes de cerebelo, explicó la funcionaria.
BEATRIZ MUESTRA EVOLUCIÓN FAVORABLE
Rodríguez dijo que Beatriz se encuentra bien atendida y que espera una evolución favorable de su salud en las próximas horas.
“Estamos más tranquilas porque por fin le interrumpieron el embarazo, que ya se sabía qué resultado iba a tener y a ella le afectaba su salud y su vida”, dijo Morena Herrera, del Colectivo Feminista, una agrupación que apoya a Beatriz.
“Por otro lado estamos tristes por el daño que se le ha hecho a ella, porque esta intervención pudo ser mucho más sencilla, con menos riesgo y con menos complicaciones de recuperación para ella, pero la han llevado hasta este extremo”, agregó.
GRUPOS CONSERVADORES, SATISFECHOS
Por su parte, grupos conservadores se mostraron satisfechos porque aseguran que se respetó la vida del feto.
“Como lo dijimos desde un principio, no era necesario un aborto, sino que se respetara la vida del bebe y se le diera el cuidado y el derecho a la salud que tenía Beatriz”, dijo Claudia Handal, portavoz de Red Familia.

    Una mujer corre riesgo de muerte por la prohibición del aborto en El Salvador

     
    Beatriz tiene 22 años y está encinta de 20 semanas. Si sigue adelante con el embarazo puede morir. El lupus eritematoso discoide y la insuficiencia renal grave que padece ponen en serio riesgo su vida, según han diagnosticado los médicos que la atienden. Además, el hijo que espera tiene anencefalia —carece de parte del cerebro— y su supervivencia tras el parto es prácticamente nula. Pero Beatriz vive en El Salvador, un país donde el aborto está totalmente prohibido en cualquier circunstancia. Las mujeres que se lo practiquen se enfrentan a penas de hasta 50 años de cárcel, y los médicos que lo realicen hasta 12. Una amenaza tangible que la Fiscalía del Estado ha lanzado ya contra esta joven y cualquiera que la atienda. Beatriz, que ha solicitado amparo ante la Corte Constitucional de su país y la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH), aguarda ahora a que el Gobierno de El Salvador permita una excepción para que pueda abortar.
     
    Su historia ha desatado la polémica en el país centroamericano, que en la década de los noventa eliminó la opción del aborto terapéutico que entonces recogía su legislación. A voces como la de la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, que ha pedido a la justicia que se otorgue un permiso especial para que se le pueda practicar el aborto a la chica sin que ella o los médicos sean castigados, se contraponen las duras palabras de la Conferencia Episcopal de El Salvador, que ha manifestado que interrumpir un embarazo no está justificado en ningún caso. Los obispos, además, han acusado a las organizaciones de mujeres y de derechos civiles de “usar” la enfermedad de Beatriz para “manipular” al Gobierno y empujarle a despenalizar el aborto en ciertos supuestos.
     
    El caso ha llegado hasta Naciones Unidas. Un grupo de expertos de ese organismo criticó la inacción de las autoridades salvadoreñas y apeló el viernes pasado al Gobierno de Mauricio Funes (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) para que permita la intervención que salvaría la vida de la chica. “Esta situación de incertidumbre ha extendido el sufrimiento de Beatriz, quien tiene pleno conocimiento del estado de salud del feto y el riesgo de muerte que ella misma enfrenta, sometiéndole a vivir una situación cruel, inhumana y degradante”, subrayan. No es el único organismo internacional que la apoya. El lunes, la CIDH concedió a la joven el amparo que había solicitado y exigió a El Salvador que cumpla con el tratamiento recomendado por el comité médico que la atiende: la interrupción del embarazo. Les instó, además, a hacerlo sin dilación.
     
    El Gobierno del país centroamericano, que debe acatar la orden de esta corte internacional, aún no ha movido ficha. Mientras, Beatriz permanece ingresada en un hospital de la capital, explican los abogados de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico que la representan. La chica, que procede de una familia con pocos recursos de la zona rural de Jiquilisco (al sur) tiene ya un hijo de dos años. Ese primer embarazo también fue de riesgo, aunque menor, y la mantuvo en cuidados intensivos durante 38 días, explica Morena Herrera, portavoz de esa agrupación. "Llevamos 21 días esperando la resolución del Gobierno. La situación de Beatriz es dramática", apunta por teléfono.

    La situación de Beatriz es, para los expertos de la ONU, un ejemplo de que El Salvador debería considerar la introducción de excepciones a la prohibición total del aborto. “El derecho internacional en su estado actual no prohíbe el aborto ni lo impone tampoco; cada Estado puede elegir qué tratamiento darle en su legislación interna”, explica Juan Méndez, relator especial de la ONU para la tortura. “Pero el derecho internacional sí prohíbe en forma absoluta el trato cruel, inhumano y degradante, por ello los Estados están obligados a arbitrar medios jurídicos eficaces para evitar someter a las mujeres a situaciones que impliquen trato cruel, inhumano o degradante”, indica.

    Beatriz se enfrenta a la muerte o a la cárcel. En El Salvador, 19 mujeres cumplen penas de prisión por abortar, explica la abogada de la organización Women's Link Worldwide Mónica Roa, que ha seguido de cerca el proceso. “Su Código Penal castiga con hasta 14 años de cárcel el delito de aborto, en el caso de las mujeres, pero a la mayoría se las procesa por homicidio agravado, penado con hasta 50 años”, dice.

    En El Salvador fallecieron, según los datos que manejan las organizaciones de mujeres y de derechos
    civiles al menos 13 mujeres como consecuencia de problemas en el embarazo que se hubieran evitado si se les hubiera permitido abortar. Y no es el único país de América donde se producen situaciones similares. En 2010, una mujer de 27 años enferma de cáncer perdió la vida en Nicaragua porque le negaron la interrupción del embarazo. En 2012, una chica de 16 años con leucemia murió en República Dominica porque las autoridades desautorizaron el tratamiento farmacológico porque ponía en riesgo la vida del hijo que esperaba; que tampoco salio adelante.

    A estas historias dramáticas se añade un hecho constatado por la Organización Mundial de la Salud: que las leyes más duras no atajan la tasa de abortos, al revés; y en cambio sí incrementan el número de intervenciones inseguras, incide Marta María Blando, de la organización internacional IPAS, que lucha por evitar las muertes y discapacidades atribuibles a esas prácticas. Blando apunta que la clandestinidad y la falta de transparencia de los Gobiernos hacen difícil tener cifras concretas de este fenómeno, aunque la OMS estima que cada año mueren 40.000 mujeres en todo el mundo debido a abortos inseguros.

    “En abstracto es difícil defender un derecho que nadie quiere tener que usar. Ninguna mujer quiere abortar, pero hay una realidad que no podemos negar. Debe garantizarse a las mujeres un mínimo de cobertura para que ninguna muera porque no le hacen un aborto. Y desde esa base los Estados tendrían espacio para decidir qué tipo de legislación quieren”, reclama la abogada Roa. Algunos, como Colombia o Uruguay, ya han dado ese pequeño paso.

    http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/01/actualidad/1367438239_003215.html